La economía social y solidaria en los grupos vulnerables se enfoca en empoderar a comunidades marginadas, como personas con discapacidades, mujeres, jóvenes en riesgo de exclusión social o minorías étnicas, proporcionándoles oportunidades de empleo digno, acceso a recursos y capacitación para emprender iniciativas económicas sostenibles. Este enfoque se basa en la colaboración, la solidaridad y la autogestión, fomentando la creación de redes de apoyo y cooperativas que promuevan la inclusión social y económica de estos grupos, permitiéndoles mejorar su calidad de vida y contribuir de manera significativa al desarrollo de sus comunidades.

Los aspectos legales de la economía social y solidaria se refieren al marco normativo que regula la creación, funcionamiento y operaciones de organizaciones como cooperativas, asociaciones y empresas sociales, asegurando su cumplimiento de principios éticos, participativos y de beneficio común.

Los aspectos legales de la ESS abarcan la creación y regulación de organizaciones como cooperativas, asociaciones, fundaciones y empresas sociales, que operan bajo principios de solidaridad, participación democrática y beneficio común. Estas entidades están sujetas a leyes específicas que promueven su funcionamiento transparente, equitativo y sostenible, así como la protección de los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de normativas fiscales y laborales. Los marcos legales también pueden incentivar políticas públicas que faciliten el acceso a financiamiento, recursos y mercados para fortalecer el impacto social y económico de estas organizaciones en la sociedad.